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El sistema financiero desempeña un papel central tanto en la prevención como en la facilitación del blanqueo de capitales. Este proceso se divide en tres fases: colocación, ocultación e integración. La colocación implica introducir dinero ilícito en el sistema financiero mediante transacciones aparentemente legales, como el fraccionamiento de depósitos (pitufeo). La ocultación busca disimular el origen ilícito del dinero a través de complejas transacciones financieras, mientras que la integración transforma los fondos ilícitos en activos legítimos en la economía formal. Las instituciones financieras a menudo son utilizadas para el blanqueo debido a la variedad de servicios que ofrecen, como cambios de divisa, transacciones en metálico y adquisición de instrumentos financieros. Sin embargo, también se implementan medidas preventivas, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las políticas de diligencia debida de los sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 en España. A pesar de los esfuerzos regulatorios y los sistemas de control implementados, como los supervisados por el SEPBLAC, los resultados han sido limitados. El blanqueo de capitales continúa representando un significativo porcentaje del PIB mundial, lo que subraya la necesidad de mayor cooperación internacional y herramientas más efectivas de supervisión y prevención.

En cuanto al primer caso, se cuestiona si el pronunciamiento del TJUE era necesario, ya que algunos consideran que la cuestión podría haberse resuelto sin intervención judicial. La sentencia también plantea la problemática de la apreciación de oficio de la competencia subsidiaria, abordando los retos procesales derivados de esta práctica. Por otro lado, el fallo en el asunto C-617/20 tiene implicaciones tanto procesales como económicas. Facilita el acceso a la justicia al permitir que los herederos realicen declaraciones de aceptación o renuncia a la herencia en su lugar de residencia habitual, reduciendo costes y evitando desplazamientos innecesarios. Este enfoque promueve la cooperación judicial internacional y aligera las atribuciones de los tribunales. Asimismo, se profundiza profundiza en los impactos prácticos de estas interpretaciones, destacando que las resoluciones del TJUE refuerzan los derechos de herederos y legatarios en contextos transfronterizos. Sin embargo, también se señala la necesidad de revisar el Reglamento para abordar lagunas y mejorar su eficacia en la práctica.